Clases y secularización

   Pedro Marqués de Armas

 De paso por Cuba en 1849, el poeta norteamericano William Cullen Bryant visitó el Cementerio Espada y dio cuenta, en una de sus cartas, de las diferencias de clase que allí obraban. Estas eran enormes. Mientras a los más opulentos se les sepulta en el grueso muro que rodea al recinto, donde existen aberturas perfectamente concebidas para colocar los ataúdes, a los pobres se les arroja a los hoyos -es decir, a tierra- sin monumentos ni tumbas de ningún tipo.

 Describe el autor de “Thanatopsis”, ese gran poema magistralmente traducido por Roberto Friol, que sacaban los viejos huesos mezclados con cal para dar sitio a los nuevos cadáveres; y que había a la vista fosas repletas de esqueletos amontonados unos arriba de otros.

 Durante su visita al camposanto trajeron el cadáver de un hombre joven que, según le dijeron, se había degollado “por amor” y que fue conducido hacia uno de los nichos de la pared por provenir de una familia distinguida.

 Suicida de categoría, no se cuestionan las exequias y rituales; sobran ejemplos en este sentido: condes, médicos, hacendados.

 Y ya hacia mediados de siglo, a medida que la voluntad de morir se vulgariza, resulta raro el cuestionamiento a la gente común, si bien algunos terminan en un cuartón especial situado en el extremo norte del cementerio.

 Blancos pobres y libertos encaran los “suicidios pasionales”, desplazando de esta percepción a los comerciantes, cuyos conflictos serán circunscritos a los reveses de la fortuna.

 Si las diligencias médico-legales, siempre las mismas, se mantienen hasta mediados de siglo dentro de un canon judicial, a partir de entonces se observará cada vez más, entreverado en la jerga burocrática, un lenguaje próximo al de la futura crónica de sucesos.

 Un ejemplo de ello lo vemos en siguiente expediente, ya con una prosa que ha incorporado los elementos propios de un discurso indiciario.

 Manuel Calvert, inmigrante catalán, radicado en Santiago de las Vegas. El 21 de mayo de 1859 asesinó a la joven Rita Valdés, quitándose a continuación la vida. Los cuerpos aparecieron en el patio de La Española, la cantina más frecuentada del pueblo.

 “[Él] español, como de 25 años, vestido con pantalón de dril azul de rayas y botines de becerro, con una herida en la sien derecha, una pistola de faltriquera cañón de bronce descargada en la mano, el dedo índice diestro en su gatillo, y en la izquierda un puñal chico cabo de plata alemana, con punta aguzada, labrada su hoja sin filo con una cruz de hierro y dos virolas en sus extremos”.

 “[Ella] cubana, con 31 heridas en el cuerpo, vestida de túnico de muselina de remesón moradas y rosadas, fustán y camisón de género blanco de hilo y algodón, sin medias ni zapatos, suelto y desgreñado el cabello, trigueña, bien parecida y como de trece años”. 

 La Real Audiencia de La Habana concluyó que “todo procedió por celos”, cerrando el expediente de un modo que muestra ya el típico desacuerdo entre lo prolijo del relato y la endeble atribución causal. 

 A diferencia de los escuetos informes que se acostumbran en los suicidios de esclavos, e incluso, en buena parte de los civiles, asistimos a un estilo preciosista, con su pertinente plus estético, como el que invadirá hacia 1880 los diversos rotativos habaneros.

 No sólo los estrepitosos homicidios, sino cualquier suicidio, el más corriente, tendrá su lugar en la crónica de sucesos. Un goteo que ya no cesa revelando la cotidiana fascinación de la muerte voluntaria. 

 

Momia suicida

 

  Pedro Marqués de Armas

 En marzo de 1869 apareció en los “uveros de La Chorrera” el cadáver de una mujer ahorcada, cuyo cuerpo se mantenía en estado de conservación. Los restos fueron trasladados de inmediato al cementerio San Antonio Chiquito e identificados como pertenecientes a Rafaela García, que había desaparecido varios meses antes.

 El propio médico de la necrópolis, presionado por lo insólito del caso, una suicida que se conservaba tan bien, decidió consultar al Obispo de La Habana, y este determinó que no se procediera al entierro, sino que se solicitara la opinión de los médicos.

 Se designa así una Comisión de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales, para una consulta que no apuntaba tanto al “estado de momificación” del cadáver, como a la necesidad de darle sepultura sólo previo pronunciamiento médico-forense. Esto es, sobre todo por tratarse de una “presunta suicida” que, además, se resiste a la putrefacción.

 El cuerpo no sólo no se había corrompido, sino que se sostenía, atado al cuello, de par de ramas que apenas habían cedido. “Pendía casi arrodillada la desgraciada víctima”, como implorante, según uno de los atestados.  

 La Comisión debía pronunciarse con celeridad sobre la naturaleza y responsabilidad del delito; pero la consulta se convirtió en un largo y erudito debate, siempre más ocioso que, sin embargo, lo salvaban una serie de curiosidades:   

 Si las auras tenían que visualizar los cadáveres antes de devorarlos.

 Si carecían efectivamente de olfato.

 Si comían o no ahorcados, espantadas por sus ojos de Juda.

 Así como alrededor de las supuestas causas de aquel inusual estado de conservación.

 El destacado académico Francisco A. Sauvalle impugnó algunas de las opiniones de sus colegas médicos, que tildó de erróneas, y realizó un exhaustivo análisis en el que desmontaba ciertos criterios del reconocido naturalista norteamericano Audubon, al tiempo que ilustraba con numerosos ejemplos de esclavos suicidas cuyos cadáveres habían sido respetados por las rapaces.

 Para Sauvalle, “al menos en cuanto a las auras de esta isla”, las opiniones del célebre Audubon no resistían el menor análisis. Y de paso, no perdió ocasión para ironizar, como lo exigía el contexto:

    

Dirán algunos que procede este fenómeno de la veneración intuitiva que les infunde la vista de ese rostro que el hombre en su sacrílego orgullo pretende hacer semejante al de su Dios. Si así fuera, de este mismo instinto estarían dotados todos los animales de la Creación; lo que seguramente no sucede ni con las fieras del desierto, ni con las que se han llegado a domesticar, ni siquiera con los reptiles e insectos, ni las demás aves de rapiña. A nosotros mismos horror nos infunden, y no respeto, las innobles facciones de un ahorcado, aun antes de la descomposición, y los sentimientos que nos inspira su vista no son, por cierto, de los que hacen recordar los versos del poeta:

 

  Os homini sublime dedit, coelumque tueru 
  Jussit et erectos ad sidera tollere vultus.

 

 La Academia demoró en pronunciarse, pero finalmente confeccionó su informe. En el mismo, se aseguran cuestiones tan propiamente médico civiles -y, por lo mismo, tan rutinarias- como que la mujer se había colgado ella misma; que no había habido intervención de terceros; y que, además, debía de haber perdido el juicio.

 No convenció a muchos, sin embargo, la explicación del por qué no había sido devorada: “la posición del cuerpo y el movimiento del vestido pudo ser suficiente para alejar a los perros y otros animales” y “las auras no se dirigen por el olfato”.

 Pero, de todos modos, tanto el médico del cementerio ante el Obispo, como éste ante las autoridades sanitarias, contaron con una opinión acreditada y procedieron a enterrar a la “falsa momia”. Mientras tanto, el problema había pasado de uno a otro bando más que nada a la espera de decisión burocrática.

 Hasta el Obispo envío una carta a la Comisión Médica felicitándola.

 En la práctica, claro está, se impusieron cada vez más los dispositivos médico-sanitarios, ligados de modo inextricable al dictamen de los jueces.

Falsos altares y viejas pugnas

  Pedro Marqués de Armas 

 Pese al desarrollo sanitario en materia de enterramientos, proceso que despunta a finales del siglo XVIII y que asiste, hacia la sexta década del XIX, a un nuevo impulso modernizador, no pudieron zanjarse las diferencias entre la Iglesia Católica y las autoridades políticas en lo relativo a las inhumaciones de infieles.

 En Francia, poco después de 1760, el entierro se convierte en un acto dependiente de los mandos civiles, la salud pública y, en última instancia, del clero. Un edicto de 1804 imponía las normas de salubridad propuestas en tiempos de Luis XVI y la revolución. No sólo se prohíbe inhumar en las iglesias, sino que los camposantos no podían tener capillas ni altares; los cuerpos no podían superponerse, sino que debían quedar yuxtapuestos; y las sepulturas tenían que ser individuales.  

 Este orden funciona en Cuba al menos desde 1806, si bien aquejado por un desarrollo civil y sanitario más lento y precario, donde la intromisión de las autoridades eclesiásticas constituye casi una regla; pero afectado, sobre todo, por la devaluación civil de negros y chinos que constituyen, por decirlo así, castas al margen.

 Si bien acaban las inhumaciones dentro de las iglesias y se construyen cementerios extramuros, éstos continúan llevando capillas y altares, se resienten de una distribución clasista o estamental, y prosiguen los enterramientos en litera o superposición, sin que las tumbas de los pobres sean individualizadas.

 La negación de digna sepultura a otros infieles (ingleses, norteamericanos, holandeses, etc.), cede frente a los imperativos del comercio, lográndose cementerios aparte, lo que contribuyó, aún más, al desplazamiento de esclavos no bautizados.

 Habría que recordar que antes de la década de 1840, judíos y protestantes apenas gozaron de estas prerrogativas, siendo enterrados en un mismo terreno junto a bozales que morían sin ser cristianos. El número de esclavos que fallecía por propia mano era tan elevado, que en 1832, Antonio Frías, antepasado del Conde de Pozos Dulces, entregó algunas hectáreas para estos fines. Como surgieron protestas por el mal estado del lugar, ya que se les enterraba “como a animales”, se procedió a adecentarlo y se nombró a un capellán para que bautizara in artículo mortis, mientras la mayor parte de área era destinada a los protestantes.

 El sitio se conoció como Cementerio de los Ingleses (más tarde Cementerio de los Americanos). Clausurado en 1847, luego se destinaría para éstos un terreno cercano a la actual Necrópolis de Colón.

 El horror a las malas sepulturas hizo reflexionar sobre las condiciones en que se inhumaba a los esclavos urbanos. En 1815 todavía no existía un sitio específico para enterrar a estos últimos. Según un Acta del Ayuntamiento se hacía necesario construirlo “por el perjuicio que pueden causar estos cadáveres haciendo su enterramiento a la superficie de tierra de donde con facilidad son extraídos por las bestias”. 

 Otra Acta de 1817 daba cuenta de las gestiones que realizaba D. León Díaz de Azúa a fin de resolver un cementerio para bozales y expresaba la siguiente demanda, que solo se cumpliría a partir de 1828, si bien parcialmente: “Que varios comerciantes consignatarios de casas extranjeras solicitan se construya un cementerio de negros bozales en otro lugar diferente al que se entierran los no católicos para que no se confundan estos con aquellos y se les guarde algún decoro a los de profesión mercantil”.  

 La epidemia de cólera de 1833 marcó finalmente una divisoria en las prácticas fúnebres; el efecto no fue inmediato, pero sentó la necesidad de construir nuevos cementerios, por lo general apartados y de mayor extensión a fin de evitar el tener que improvisarlos.

 

  Pero volvamos a los “falsos altares” y a los cementerios de segunda en virtud de las exclusiones católicas. El 9 de enero de 1864, a pesar de la desidia de las autoridades y la hostilidad del Obispo Fleix y Solans, el Consejo de Administración Pública se lamentaba del “triste espectáculo que ofrece un pueblo culto y católico, llevando los cadáveres de los que se llaman infieles a sepultarles en el sitio destinado para los animales muertos, sucediendo lo mismo o peor en los demás pueblos de la isla”.

 El pronunciamiento era consecuencia directa de haberse negado la máxima autoridad religiosa, una vez más, a conceder un cuartón de cementerio. El Consejo proponía al Capitán General “que mientras no se muden los lugares destinados para sepultar los cadáveres de los que mueren fuera de la comunión de los fieles, alejándolos de toda profanación, se les sepulte en la parte exterior de los cementerios”. Se trata, por lo visto, de acercarlos al territorio sagrado.

 Como recuerda Philippe Ariès, el “falso altar” constituía justamente un espacio adyacente, a veces próximo, pero siempre por fuera de las demarcaciones oficiales, adonde eran enterrados –aunque a veces yacían insepultos- no solo infieles sino también criminales y, con mucha frecuencia, suicidas. El siglo XVI impulsó la costumbre de enterrar en la parte norte del Huerto del Señor; allí yacían los excomulgados, los que no habían recibido bautismo, y los pobres malditos.

 El Obispo Fleix y Solans diseñará en breve un área para suicidas en el cementerio Espada, probablemente a consecuencia de las tensiones aludidas. Lo cierto es que, alarmado por la alta tasa de suicidios en las haciendas y la difícil relación con los hacendados, Fleix y Solans ofrece en 1850 traer frailes desde la península a fin de que prediquen en las fincas, en la creencia de que, inculcando los principios de la religión católica los suicidios iban a disminuir. Entendía que muchas muertes se producían como resultado de tendencias criminales: locura, obsesión, fatalismo, etc., y afirmaba idílicamente que los suicidios eran raros en aquellos esclavos que habían sido suficientemente instruidos en las “verdades y los misterios de nuestra Divina Religión.”

 Trasvasado el límite interior, el “falso altar” se convertía en “altar frío”, al instituirse una zona dentro del propio cementerio, situada siempre al norte, adonde serían destinados los cuerpos en cuestión. Hacia la década de 1880, ya en la Necrópolis de Colón, los rituales de enterramientos perfeccionan toda una semiótica. Veamos esta descripción de Frank C. Ewart:

El carro fúnebre del segundo cortejo era blanco, lo que indicaba que el difunto era un niño. El tercero y el cuarto eran tirados por solo dos caballos cada uno, lo que quería decir que los muertos que llevaban no habían sido de los escogidos por la fortuna. Hay además otras distinciones: el color de la cruz sobre la sepultura muestra si es un niño o una niña, un hombre o una mujer quien yace allí enterrado. La cruz roja indica la muerte por suicidio.

 Sin embargo, a pesar de esta progresiva absorción de los suicidas tanto en cementerios públicos como religiosos, las pugnas entre las autoridades eclesiásticas y seculares ni mucho menos estaban por concluir.

 El 13 de junio de 1867, el Obispo de La Habana enviaba al Consejo de Estado, es decir, a la mismísima Corona, un Expediente sobre privación de sepultura a los duelistas y suicidas. Exponía el Reverendo que “la impiedad cundía por la diócesis con motivo de enterrarse en lugar sagrado” a quienes se quitaban la vida y a los que morían en duelos.

 (Práctica en auge hacia la década de 1860, esta alusión a los duelos y al pomposo entierro de una de las víctimas se refiere probablemente al celebrado entre el Licenciado Don Manuel Cisneros y el Coronel del Ejército Don N. Sierra, motivado por ofensas mutuas. Emplearon como arma pistolas y pactaron veinte pasos, apuntando durante quince segundos. Al segundo disparo cayó muerto el Sr. Sierra por herida en el hipocondrio derecho. Años más tarde el impenitente duelista Manuel Cisneros caería muerto en Santiago de Cuba en desafío por disputas sentimentales sobre una conocida artista de teatro.)

 Estos enterramientos se realizaban siguiendo providencias judiciales a todas luces excesivas; y señalaba, al efecto, el hecho de haberse dado sepultura eclesiástica a tres suicidas y a un malhechor asesino, que también se privó de la vida, proponiendo que las diligencias practicadas por los Alcaldes Mayores tenían que ser remitidas al Tribunal del Obispado, a quien competía resolver y ejecutar las decisiones últimas en esta materia.

 Se trata de un reclamo dirigido al Gobernador Civil Caballero de Rodas, sustituto del General Dulce (conocido por su conciliación con la Iglesia), y quien, a juicio del Obispo Martínez y Sáez, debía regirse -tanto más en calidad de Vice-Real Patrono de la Isla- por los principios establecidos “en las bases”, es decir, en el ya mencionado Decreto de Nuestro Digno Prelado.

 Según narra el Obispo en sus memorias, era ésta una cuestión pendiente desde 1855. Ya entonces la autoridad secular había propuesto a los eclesiásticos una serie de preguntas para acabar de una vez con las diferencias en este campo. Pero el Obispo predecesor no había creído oportuno contestar, quedando “en el aire un problema de derecho”. De ahí la decisión de Martínez Sáez, quien se expresaría en estos términos:

En 1866, viendo yo que había suicidios a cada momento, y que los alcaldes mayores, previa la información legal del suicidio consumado, daban órdenes a los párrocos para que enterrase el cadáver en lugar sagrado, sin decir muchas veces que lo fuese de un suicida, y sabiendo además que en el precedente había habido un desafío entre dos personas caracterizadas, con asistencia de padrinos de alguna categoría, y que habiendo caído una de ellas muerta en el mismo acto se le había enterrado con pompa en el cementerio general, reclamé al Vice-Real Patrono sobre ese abuso, suplicándole que hiciese que los alcaldes mayores no se extralimitasen, pues no eran ellos, sino el tribunal eclesiástico, quien debía juzgar si el suicida podía o no ser enterrado en sagrado.

 Se decidió, por tanto, promover el aludido Expediente y enviarlo al Consejo de Estado, en respuesta a que circularon de nuevo las preguntas de 1855, respaldadas por el Gobierno Civil, y ante lo cual se nombró por parte del Obispo “una comisión compuesta de cinco teólogos y canonistas, quienes contestaron unánimes que no sólo no eran admisibles en general, sino que algunas de ellas eran erróneas, malsonantes y próximas a herejía, y que estaban condenadas en el Syllabus publicado por Nuestro Santísimo Padre Pio IX”. Según Martínez Sáez su respuesta, dirigida al Gobierno el 21 de mayo de 1867, no disentía en nada del dictamen.

 Casi dos años más tarde el Consejo de Estado, en un engorroso informe, daba la razón a la Iglesia puntualizando “falta de conocimiento exacto por parte del Vice-Real Patrono”, recordando que los Reyes de España “son en realidad ministros del Papa”, y estableciendo que, “en punto a inhumaciones y exhumaciones”, el Gobierno debía “mantener su jurisdicción” nada menos que en virtud de una Real Cédula de 1765 y siguiendo una Bula Papal de Alejandro VI.

Y en eso llegan los colonos asiáticos

 

  Pedro Marqués de Armas 

 El 23 de junio de 1856 un comisario de la policía informaba al Coronel del Cuerpo de Regla que

con motivo del enterramiento del asiático Yok que se suicidó en el día de ayer, según parte del celador del Barrio del Cementerio, el Sr. Párroco de este pueblo me ha manifestado que según lo dispuesto el Exmo e Yllmo Sor Obispo Diocesano en circular del 26 de julio del año pasado no le es posible dar sepultura eclesiástica a los chinos asiáticos negros y cualesquiera otras gentes infieles si no han recibido el bautismo.

 

En este concepto y comoquiera que se hallan, en este distrito, considerable número de chinos de los últimos importados que están en aquel caso y que no hay un sitio determinado para su enterramiento, lo pongo en el superior conocimiento de us. para que si lo tiene a bien se sirva consultar a la superioridad. 

 Un elevado número de colonos asiáticos trabajaba en los almacenes de Regla o en las labores del ferrocarril. Y la cuestión se complica no tanto a consecuencia del alto porcentaje que se suicida sin haber sido bautizado, como de una mortandad global que mantiene despavorida a las autoridades. Como señala Pedro Cosme en Los chinos en Regla, de acuerdo con un cuestionario de la policía al que respondieron los diversos distritos de La Habana, en 1858 ningún culí había recibido el sacramento del bautismo, a excepción de los domésticos.

 El cementerio de la Iglesia de la Virgen del Regla, fundado en 1687, jamás había admitido a no cristianos; los chinos, desde su llegada en 1847, eran por lo general enterrados en un terreno habilitado para ellos en la Ensenada de Guasabacoa; pero, ni mucho menos, la cuestión podía resolverse dado lo exiguo de los muladares y la falta de regulaciones sanitarias. Más adelante, los enterramientos comienzan a realizarse en la Loma de los Cocos, cerca del llamado “hospitalito de chinos”, cuyos alrededores se utilizaron por lo menos hasta 1867 cuando, finalmente, se les comienza a dar sepultura en la Necrópolis Municipal.

 Lo mismo ocurre hacia la década siguiente en Santiago de Cuba, como se aprecia de esta transcripción de Emilio Bacardí y Moreau: “El alférez real presenta una moción preguntando dónde deben enterrarse los asiáticos, porque al fallecimiento de uno de ellos se presentan frecuentes y graves conflictos para la sepelición de los cadáveres, porque no sabiéndose si son cristianos, la Autoridad Eclesiástica se niega a darles sepultura en sagrado.”

 Todavía en 1872 estaba prohibido sepultar a los chinos en cementerios públicos. El cementerio de Espada, situado en la Calzada de San Lázaro, estaba a punto de ser clausurado; y no lejos de mismo, en la parte trasera de un solar ubicado en el Callejón del Carnero, eran enterrados los colonos asiáticos de la ciudad, antes de que contasen con su propio cementerio.

 Según Pérez de la Riva, en la antigua necrópolis de Espada, “la roca caliza afloraba a pocas pulgadas del suelo y los cadáveres quedaban apenas cubiertos de tierra, por lo que los perros los desenterraban para devorarlos”. Y durante las obras de desmantelamiento y traslado, “los restos de aquellos que carecían de recurso para pagar el traslado al nuevo cementerio fueron dispersados. Apenas quedó un lienzo de la pared del fondo, precisamente la que daba al Callejón del Carnero donde se tiraban los cadáveres de los culíes”. 

 En 1883, tras nueve años de concluida la trata amarilla, el Cónsul de China tuvo que exigir la construcción de un cementerio especial.

 Para los colonos asiáticos, ser enterrados de aquel modo infamante constituía una tragedia. La pulsión de regreso minuciosamente atesorada en su imaginario de muerte se veía trastocada. Si adelantaban su muerte por medio del suicidio, no significa que renuncien a un regreso que, de alguna manera, incluso en estos casos, estaba codificado en función de unas exequias a posteriori en el país natal. 

 Lo mismo el inmigrante libre de San Francisco que el más infeliz de los contratados, recuerda Pérez de la Riva, ahorraba “unos centavos cada día durante años para pagarse un entierro decente en China”. 

 El historiador cubano relata que de San francisco zarpó, en 1856, un buque trasportando 300 cadáveres convenientemente acondicionados y que un periódico local escribió con humor macabro: “California no tiene rival en el comercio de chinos, tiene verdaderamente el monopolio, los importa vivos, en bruto, y los reexporta manufacturados, muertos”.

 En China, contaba José Antonio Saco, hasta los más pobres solían hacer sacrificios para comprarse el sarcófago y había hijos que hasta se empeñaban para poder comprarlo y ofrecerlo a sus padres como homenaje de piedad filial. Pero en Cuba, insiste Pérez de la Riva, “el culí estaba lejos de pagarse tan triste satisfacción y no dispuso siquiera de un mezquino lugar en los cementerios”.

 Considerado infiel, gentil, o bárbaro, apenas se intentó su adoctrinamiento pese a las continuas relaciones que se establecieron entre la frecuencia de los suicidios y la falta de aptitudes morales. Un informe de Antonio Bachiller y Morales probaba lo anterior. Típica empresa capitalista, no se invirtió un centavo en labores religiosas, tanto más en haciendas rurales y en pleno divorcio entre la iglesia y la plantación. Enterrados, como los esclavos africanos, en el cementerio común del ingenio, faltaría precisar si se hacían distinciones entre unos y otros.

 Cosme Baños cita una extensa lista tomada del Libro de enterramientos de chinos del Archivo Parroquial del santuario de Regla (1867 a 1881), en la que se consigna la causa de la muerte y, en algunos casos, se registran suicidios. Tal registro era, en cierto modo, un control de acceso al reposo en sagrado. Menciona el autor dos casos ocurridos en 1856, ambos por ahorcamiento, uno en la calle Mamey, camino que conducía al cementerio municipal y donde se dice que se suicidaban a montones. 

 En 2012 un grupo de arqueólogos descubrió un cementerio chino olvidado: el que se improvisó en el Lazareto de Mariel durante la trata de asiáticos. Allí realizaban las cuarentenas y se calcula que cientos de ellos fueron enterrados en el mismo. No será, seguramente, el único cementerio olvidado. 

  

 "Exclusiones post mortem. Esclavitud, suicidio y derecho de sepultura" (2015). 

 

Un cura se niega a sepultar en sagrado

 

   Pedro Marqués de Armas

 Es uno de los casos más interesantes, entre los encontrados, en torno al derecho de sepultura en Cuba. El proceso en cuestión se titula “Expediente en que el Capitán de Regla se queja del cura de aquella Iglesia por no haber querido se diese sepultura en sagrado al emancipado Felipe Lucumí que se suicidó” (GSC, L, 715; No, 23622. ANC). Y en él se evidencia cómo las prerrogativas religiosas mantienen su tenacidad, aun cuando debían asentir frente a los condicionamientos que impone el derecho y la medicina. 

 En la madrugada del 17 de junio de 1841 apareció ahorcado en la Machina el negro emancipado Felipe Lucumí, uno de los empleados en la Mina de Carbón de Piedra Prosperidad. El Capitán Pedáneo de Regla dispuso que se le diera sepultura en el Cementerio del Santuario, pero el Presbítero Joaquín de Pluma se negó en rotundo, manifestando que tenía órdenes de no permitir el entierro “de ningún cadáver suicidado”. Alegó, además, que durante el tiempo que sirvió de cura el Presbítero D. José M. Cortés y Salas, suicidas y ahogados eran enterrados en las riberas.

 Por cuenta de esta negativa y en tanto las horas pasaban y el cadáver se deterioraba, hubo que enterrar al trabajador en un manglar en las afuera de la población. Al enterarse de ello, el Capitán del partido exigió una respuesta inmediata sobre qué debía hacerse en casos semejantes, para que no se interrumpiese “la marcha del proceso” (sepultura) y el mismo se efectuase en el tiempo debido.

 Em efecto, tardó varios días, no exentos de disputas, la decisión de sepultar al emancipado en aquel descampado.

 Domingo de Pluma, hermano del Presbítero y profesor de Teología del Seminario de San Carlos, se tomó el asunto como propio y expresó que no podía menos de manifestar “la inexactitud en que incurría” el Capitán, toda vez que “estaba lejos” de querer resolver la cuestión, al incumplir con el “oficio de estilo” –suerte de informe que incluía la consideración del estado mental del sujeto-, siendo falsa, por tanto, la resistencia alegada por parte del religioso.

 De este modo, venía a ser el Capitán quien habría obstaculizado el enterramiento en sagrado, al no cumplir con un requerimiento civil que, se supone, debía manejar. Así se pronunciaba el defensor del Presbítero de Regla, devolviendo el problema a las autoridades civiles: 

 “Cura de Almas responsable de la parroquia y de acuerdo con las leyes civiles que prohíben se conceda otra sepultura a los que se suicidan, salvo si se consta antes que estuviesen fuera de juicio, no podía acceder a ello sin incurrir en una falta de conciencia y hasta en censuras eclesiásticas”.

 Añadía que era falso que el cura anterior enterrase a suicidas, y aseguraba que "solo muy reciente ha privado de lugar sagrado a un negro suicida de la Preceptora de primeras letras de la Escuela de Náutica”. Matizaba el teólogo que, “si por piedad se había enterrado a algunos”, ello obedecía, en cualquier modo, a que no se habían tramitado y aceptado los correspondientes informes que declaraban la locura, siempre, previo permiso –en caso de dudas– del Prelado de la Diócesis.

 Y para solventar definitivamente el asunto, citaba la existencia de un Decreto de Nuestro Digno Prelado elaborado para aplicar justo en tales casos, según el cual la decisión última, taxativa y concluyente, era que si el propio cura así lo entendía no debía enterrarse en sagrado.

 Domingo de Pluma, cuya influencia en la época fue notoria, termina acusando al Capitán Pedáneo de carecer de instrucción y de haber motivado el mismo error en otras ocasiones.

 Finalmente, el Juez informó que el emancipado Felipe Lucumí había actuado contra su vida en un “momento de extravío mental, como parece indispensable para que acontezca tal fatal ocurrencia”. No hay la menor mención a médicos o testigos, por lo es de suponerse que el dictamen, con frecuencia inferible sin más, es decir, por oficio, se realiza esta vez con sumo retraso. También el entierro, el definitivo, por cuanto el Juez exigió tanto al capitán como al presbítero que se pusieran de acuerdo para dar “cristiana sepultura”, con la anuencia del Arzobispo, al cadáver.

 Como dice el cura, estaban obligados a consultar al Prelado de la Diócesis, o bien a guiarse por el Decreto. De modo que la respuesta a enterrar en sagrado a suicidas, esclavos o no, sería a menudo negativa. Y ciertamente, no fueron pocos los casos.

 "Exclusiones post mortem. Esclavitud, suicidio y derecho de sepultura" (fragmento), 2015.